El nuevo aumento de la Contribución Inmobiliaria en Canelones vuelve a enfrentar al gobierno municipal con los contribuyentes.
Al igual que en los períodos de Tabaré Hackembruch, la población canaria vuelve a sentir que los aumentos impositivos municipales son abusivos y, lo que es peor, no se ven las devoluciones en obras. Para ser justos, en la acción de gobierno cada vez encontramos más similitudes, y ya sabemos como fue el gobierno de Hackembruch.
Entendemos la necesidad de ajustar a la realidad algunas situaciones evasivas. Notoriamente, quien vive en una casa de dos pisos con piscina, y tributa como terreno con mejoras, está en falta con sus responsabilidades tributarias, y sus impuestos deberán ajustarse al alza.
Pero los crecimientos de las ciudades generan cambios en los aforos cuando una zona suburbana pasa a considerarse urbana, o una rural a suburbana. El contribuyente, que con mucho esfuerzo logró comprar o construir su casita, o heredó la vivienda familiar donde vive, donde vivieron sus padres y hasta sus abuelos, ve como su terreno se valoriza, aunque no le sirva para nada pues no está en su mente vender su hogar. Y un buen día se despierta para ir a trabajar, y descubre que en su recibo de la Contribución alguien escribió una cifra que le es imposible pagar. Irá a la Alcaldía más próxima, discutirá, gritará, pero con suerte le dirán que presente una nota y una copia de sus ingresos, para que -algún día- la Intendencia considere su situación a través de un desbordado y a veces desintegrado tribunal.
La única variable que no se considera cuando se calculan los valores de la Contribución Inmobiliaria, es la de la capacidad de pago del contribuyente. La más importante, porque si el mismo no puede pagar, no importa la cifra que la Intendencia de Canelones ponga en el recibo. Y cuando muchos no pueden pagar, los que sí pueden hacerlo abandonan, sabiendo que no hay nada más injusto que un impuesto que algunos paguen y otros no.
¿Cómo solucionamos este problema? Con tecnología e información.
La Dirección General Impositiva se ha convertido, en estos años de gobierno frenteamplista, en un Gran Hermano voraz. La DGI obliga a declarar cuánto ganan los integrantes del núcleo familiar, cuántos hijos tienen, si van a un club o a una institución privada, si alquilan o son propietarios, y hasta controlan lo que se gasta a través de las tarjetas de crédito. Hoy la DGI tiene una radiografía de los ingresos y gastos de una familia con un mínimo margen de error.
La Intendencia de Canelones ya cruza información con BPS cuando alguien quiere realizar una construcción. Nuestra propuesta pasa por utilizar la información de la DGI para saber la renta generada de un núcleo familiar, para que la cuota de la Contribución no pueda superar un porcentaje razonable de la misma.
Las ventajas son notorias.
En primer lugar, nos acercamos a la justicia impositiva. Pagarán más los que ganan más, y menos los que ganan menos.
En segundo lugar, facilitamos el cumplimiento tributario, bajando el porcentaje de morosidad.
En tercer lugar, no afectamos los ingresos municipales, pues si bien bajan los tributos, el aumento del cumplimiento compensaría lo perdido.
No vemos una solución mejor. No recorrer estos caminos implicará volver a una gastada calesita: aumento tributario, imcumplimiento, amnistía. No es serio.
Ofrecemos una alternativa con sensibilidad social y responsabilidad tributaria. Nos parece mucho más acertada que la propuesta que le escuchamos en la prensa a un diputado frenteamplista, cuando declaró que el que no podía pagar el aumento de la Contribución debería mudarse.
Queda por delante discutir cómo gasta el gobierno municipal el dinero que recauda.
Pero creo que no es necesario perder el tiempo en tratar de entender lo inentendible.
