La larga historia democrática de nuestro país se ha asentado en la lógica y equilibrada separación de poderes. Cuando esa tradición se ha quebrado, y han accedido al control del gobierno figuras dictatoriales, inmediatamente se encargan de eliminar esa separación. Los golpes de Estado son eso: la sustitución de un Poder Legislativo que debe controlar al Ejecutivo por un Cuerpo incondicional y genuflexo, y la presión indebida a la Justicia, o la subordinación de la misma. En la última dictadura, además de la persecución y desaparición forzada de individuos y partidos opositores, se sustituyó el Parlamento por un Consejo de Estado títere, y se subordinó a la Justicia a través de un Ministerio que la controlaba.
¿A qué viene esto? Días pasados, en un programa de radio, una docente planteó un caso de persecución ideológica por parte del gobierno, que la cesó injustificadamente, violando el procedimiento administrativo y anteponiendo chicanas a sus reclamos. Pero tan malo como esto fue la respuesta del panelista que la acompañaba, preguntándole si no había recurrido a una solución política, esto es, plantearle a un Diputado o Senador de su sector que hiciera causa política en esto, convirtiendo lo que debe ser una solución legal en una pulseada entre partidos.
Es que está tan metido aún en la cabeza de la gente el amiguismo que, cuando el gobierno de turno toma gente para trabajar en el Estado salteándose la figura del concurso, o haciendo concursos digitados como fue común en la administración Vázquez, en vez de reclamar transparencia, los perjudicados se acercan a un dirigente político para que les dé una manito.
Estas situaciones, si bien menores, forman parte de una cultura que se debe desterrar, si queremos ser un país serio. El trabajador protegido por una bandera política suele, muchas veces anteponer los intereses de su grupo a los del Estado, que son los que debería defender. Y así no avanzamos más.
Y además, sufrimos también situaciones mayores.
Hace unos días atrás, el Sub Secretario del Interior, Jorge Vázquez, hermano de Tabaré Vázquez, denunció en nombre del Poder Ejecutivo a la jueza Fanny Canessa y a la fiscal Beatriz Scapusio por presuntos malos tratos hacia la directora del Centro Nacional de Rehabilitación. Los supuestos "malos tratos" refieren al interrogatorio que la jueza y la fiscal realizaron a la mencionada directora y otros funcionarios, en el marco de la investigación sobre la muerte del recluso Mauro Bozzatta, la cual, según la justicia, pudo haberse evitado. De confirmarse esto, existiría responsabilidad administrativa por parte de la Directora, ya que, además, demoraron en comunicar el fallecimiento.
La jueza Fanny Canessa fue la que procesó a Juan Carlos Bengoa. Recordemos que en el medio de varios casos de presunta corrupción vinculados a las administraciones frenteamplistas, fue la investigación sobre los casinos municipales la única que avanzó, terminando con el procesamiento del hombre de confianza de Danilo Astori. Aún esperan para ser aclarados varios casos, entre ellos el del crecimiento patrimonial del ex Vice Presidente Rodolfo Nin Novoa, la investigación por presunto "amiguismo" entre el titular de la empresa FRIPUR y nuestro actual presidente, las denuncias por conjunción de interés público con el privado presentadas contra el Dr. Gonzalo Fernández, etc.
Hace unos días atrás, el Sub Secretario del Interior, Jorge Vázquez, hermano de Tabaré Vázquez, denunció en nombre del Poder Ejecutivo a la jueza Fanny Canessa y a la fiscal Beatriz Scapusio por presuntos malos tratos hacia la directora del Centro Nacional de Rehabilitación. Los supuestos "malos tratos" refieren al interrogatorio que la jueza y la fiscal realizaron a la mencionada directora y otros funcionarios, en el marco de la investigación sobre la muerte del recluso Mauro Bozzatta, la cual, según la justicia, pudo haberse evitado. De confirmarse esto, existiría responsabilidad administrativa por parte de la Directora, ya que, además, demoraron en comunicar el fallecimiento.
La jueza Fanny Canessa fue la que procesó a Juan Carlos Bengoa. Recordemos que en el medio de varios casos de presunta corrupción vinculados a las administraciones frenteamplistas, fue la investigación sobre los casinos municipales la única que avanzó, terminando con el procesamiento del hombre de confianza de Danilo Astori. Aún esperan para ser aclarados varios casos, entre ellos el del crecimiento patrimonial del ex Vice Presidente Rodolfo Nin Novoa, la investigación por presunto "amiguismo" entre el titular de la empresa FRIPUR y nuestro actual presidente, las denuncias por conjunción de interés público con el privado presentadas contra el Dr. Gonzalo Fernández, etc.
La acción legal contra la jueza Canessa y la fiscal Scapusio busca presionar a la justicia, mandando un claro mensaje de que al gobierno no le gusta que lo investiguen y que aquellos miembros del Poder Judicial que lo hagan deberán atenerse a las consecuencias.
Esperemos que este estilo no se convierta en práctica. A veces no vemos las pequeñas señales que anuncian grandes catástrofes. Si algún gobierno entiende que sus intereses están por encima del bien común, se convertirá en un gobierno autoritario, lo que ya es de por sí malo. Y si se termina de diluír la ya borrosa frontera entre autoritario y dictatorial, peor.
Es común entre alguna gente de izquierda llamar "fascista" a todo aquel que no comparte sus ideas, sin reconocer el origen del término. El Fascismo fue un movimiento creado por Benito Mussolini, donde un Estado totalitario y corporativista se arrogaba el derecho de disponer de las libertades individuales, en nombre del bien común, y concentraba todo el poder en el Ejecutivo. Nuestros dos últimos gobiernos son notoriamente corporativistas, y ya nos han retaceado algunas libertades individuales.
Pongamos atención. No alcanza con decir que la libertad es libre. Hay que practicarla y, lo más difícil, aceptar esa libertad en el otro aunque eso signifique perder un beneficio personal.
De eso se trata cuando hablamos de derechos.
