¡A MODIFICAR, QUE SE ACABA EL MUNDO!

Una serie de hechos, entre los cuales podemos fijar como centro la propuesta del Director de la OPP y precandidato del Frente Amplio (otro más, y van...) de reformar la Constitución para cambiar las reglas electorales, deben analizarse en un contexto más amplio que el de vislumbrar un intento del gobierno de perpetuarse en el poder como sea, en momentos que su imagen se va despedazando, el triunfalismo va desapareciendo, y los nervios de sus dirigentes aumentan en progresión geométrica.
Aprovechando sus bien logradas pero muy mal empleadas mayorías parlamentarias, este gobierno autoritario, poco respetuoso de las libertades formales, en vez de adaptarse a los dictados de la Constitución, cuando tiene un conflicto entre éstos y sus intereses, opta por modificar o interpretar a su manera la Carta Magna. Podríamos citar muchísimos casos en lo que va del período, pero el Gobierno nos ha regalado en los últimos días, enpaquetados para su consumo, varios ejemplos de esto.
Arrancamos hace pocos días con el IRPF a las jubilaciones, lo que motivó -y sigue motivando- la interposición de varios recursos por parte de los jubilados. Prosigue con el conflicto de los guardahilos de ANTEL, que al presentar éstos a la Justicia sus reclamos, y aparecer los primeros fallos en contra del gobierno, por Rendición de Cuentas intenta anular estos fallos y los que siguen, pasando los juicios a la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, violando claramente la Constitución.
Llegamos al tema más actual. La reforma electoral anunciada por Enrique Rubio, además de ser una pantalla para evitar seguir hablando del ajuste fiscal titulado IRPF, del problema de la salud y su pésima reforma anunciada, del asado del Pepe, ya ridiculizado en los medios de prensa, y de la valija viajera del venezolano Antonini y sus vínculos con este gobierno, plantea modificar las reglas electorales con planteos que buscan favorecer la perpetuidad del mismo, contagiado de los continuismos cuasi ilegales de Chávez y Evo Morales, y los más legitimados, pero continuismos al fin, de la familia Kirchner y de Lula Da Silva.
Todos los elementos electorales planteados por Rubio sólo buscan favorecer al Frente Amplio. Este gobierno ya no va a tener el cincuenta por ciento de los votos, y en un ballotage sólo cabe esperar su derrota, por eso hay que eliminarlo. El voto consular o epistolar busca que aquellos que no viven en el país, y no sufren las consecuencias de este gobierno, puedan votar a favor de su recuerdo místico y desactualizado del Frente Amplio. Y de yapa, la propuesta de volver a juntar las elecciones nacionales con las municipales surge del análisis de los resultados de mayo del 2005, donde en departamentos en los cuales el Frente Amplio había ganado en octubre, sus candidatos fueron derrotados por los candidatos nacionalistas.
La propuesta encierra miedo. Miedo a irse de este gobierno más rápido de lo que se llegó, miedo a la caída del Frente Amplio como partido mayoritario, miedo a la crisis interna, escondida por la acción del gobierno, y miedo a las consecuencias judiciales de los actos de este gobierno, si la justicia sigue manteniendo los celosos criterios con los cuales se ha manejado en este período. Esa es otra reforma que se viene: el gobierno va a plantear, si ve que va a perder el gobierno en la próxima elección, la desaparición de delitos y la minimización de las penas con las que se están juzgando en este momento la acción de gobernantes anteriores, no vaya a ser que desfilen por juzgados y cárceles varias prominentes figuras de la izquierda.
Recordemos que este gobierno negó a la oposición el derecho, planteado en el Parlamento por quien escribe, de investigar la gestión de los actuales directores de entes autónomos y servicios descentralizados.
Por algo será.

ALGO HUELE MAL EN CANELONES

En la entrada anterior publicamos la postura del Partido Nacional acerca de la reforma del sistema de salud. En ella se cuestiona al gobierno al tratar de subordinar la gestión del sistema mutual, que en nuestro país funciona correctamente, a la órbita estatal, que notoriamente no presenta los mismos niveles de calidad y eficacia que la primera.

En Canelones, este gobierno, acompañado por el gobierno municipal, han dado muestras claras de su eficiencia, la misma que nos permite llenarnos de tranquilidad respecto a la seguramente exitosa e iluminada reforma sanitaria. Y si no, vean:

En el año 2005, a fines de mismo, los Ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social y Transporte, conjuntamente con la Intendencia de Canelones, anunciaban un revolucionario sistema de gestión que permitiría la construcción de cinco policlínicas en Canelones (Barros Blancos, Aeroparque, El Pinar Norte, Toledo y Barrio Obelisco de Las Piedras) en sólo cinco meses. Se firmaron los acuerdos, se aprobaron los fondos, y comenzó la revolución. En abril del 2006 se iban a inaugurar con todas las luces, demostrando la corrupta ineficiencia de los gobiernos anteriores.

Sólo se comenzó la construcción de tres de ellas. Nunca se controlaron las obras, y se contrató personal sin cronograma de actividades. Resultado: al año aún no se habían terminado las construciones, las que encarecieron su mano de obra, las que vieron como se perdían materiales, las que elevaron los costos planificados a más del doble, las que generaron evasión por parte del Estado (haz lo que yo digo...), las que fueron utilizadas para fiestas personales con alcohol y mujeres, las que aún a la fecha no han podido inaugurarse, a casi dos años de su revolucionario lanzamiento. Eso sí, tenía razón la ministra Arismendi: en esta gestión íbamos a ver la eficacia de este gobierno.

¿Otro botón para muestra? En el Centro Auxiliar de Tala se decidió la construcción de un lavadero. Se llamó a licitación -hasta ahí todo bien-, a la cual se presentó una sola propuesta. Ahí comienzan las dudas, ya que para validar el llamado debían haberse presentado por lo menos tres propuestas. No obstante, se asignó la obra, ya que se conocía al proponente. Y por ineptitud o por amistad, alguien tuvo la feliz idea de pagar por adelantado. El ganador cobró el dinero, hizo un pozo lindero al centro de salud, y... ¡desapareció! Los usuarios del Centro Auxiliar de Tala no tienen lavadero en el mismo, pero los días de lluvia pueden disfrutar de una estupenda piscina, si el barro no les molesta. Esta es otra obra del gobierno progresista.

Yo atiendo a mi familia en una mutualista de Pando. Que tiene sus cosas para mejorar, sin dudas, pero funciona. Cuando pienso que con la reforma gestiones como las descritas son las que nos quedan por esperar, me preocupo. Con la salud no se juega. Y si esta reforma sigue adelante, y con tanta concentración de poder y de dinero en manos de unos pocos funcionarios que han demostrado por lo menos ineptitud nadie se lleva una "cometa" para la casa, soy capaz de reconocer que la ministra era más eficiente de lo que parece, aunque todos la recuerden, hasta ahora, por sus zapatos rojos y no por su gestión.

Lo cual parece ser un indicador de eficiencia.

EL PARTIDO NACIONAL Y LA REFORMA DE LA SALUD

Este es el extracto publicado por "El Espectador" de lo aprobado por la pasada Convención del Partido Nacional respecto al proyecto de reforma de la salud presentado por el gobierno.

"El Parlamento considera un Proyecto remitido por el Ejecutivo y de su exclusiva redacción, propiciando una Reforma de la prestación de Salud y creando un denominado “Sistema Nacional Integrado de Salud”. Esta normativa proyectada altera negativamente el actual esquema de atención de la salud para los uruguayos. Ante la trascendencia, y lo erróneo, del Proyecto de Reforma de la Salud, el Partido Nacional fija públicamente sus criterios sobre tan desacertada iniciativa: Primero- El Partido Nacional está dispuesto a colaborar en una búsqueda consensuada de cambios en la atención de la Salud para incrementar y generalizar una mejor, más equilibrada y más justa atención de la misma para todos los orientales. Para ello coincide en la necesidad de una Reforma, pero sin caer en los errores y carencias de la propuesta por el Gobierno. Ha tales fines se debe, convocar a su estudio todos los sectores involucrados, no incurriendo como se ha hecho en omisiones inexplicables. Segundo- Los objetivos antes señalados deben significar la superior y racional utilización de los medios que se disponen, tanto humanos, como técnicos, financieros y de equipamiento, producto del esfuerzo intelectual y material acumulado en el campo de la Salud por generaciones de uruguayos. Tercero- Coinciden con esos conceptos programáticos algunos de los contenidos en el Proyecto, como el de priorizar la atención primaria, reiterando nociones universalmente admitidas, e incluso ya incorporadas a la normativa de la Salud en el Uruguay. El Partido Nacional ha prestado y prestará siempre su concurso, para que esos fundamentos se sigan corporizando en las normas y en la práctica de la atención a la Salud. Estatización del Sistema de Salud Cuarto- Al plantear la Reforma operativa de la atención de la Salud, el Proyecto gubernamental opta erróneamente por subsumir enteramente el pretendido nuevo “Sistema Integrado” en un molde centralizado, centralista y estatizado. La “Integración” propuesta consiste en resumir todas las potestades de la actividad institucionalizada de la Salud en Órganos Estatales de integración política, burócratas con poderes prácticamente ilimitados. Debe partirse en el tema de los notorios logros en el nivel de salud uruguayo, logrados por el Mutualismo y el Sistema Público, como lo demuestran los índices, tanto de la red de Hospitales y Policlínicas del MSP, Intendencias, Hospital de Clínicas, y demás servicios públicos, como también por el sistema de asistencia integral único en el mundo por su alcance y eficacia, en servicios, que brindan las IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva). Mención ineludible por esos logros corresponde hacer a los Médicos uruguayos y sus auxiliares, a cuyo impulso y dedicación se deben en buena parte. En lugar de recoger esa rica experiencia se proyecta que, a través de jerarcas políticamente designados, el Estado manejará férrea y enteramente todo el Sistema de Salud en el país. Sin fundamento válido se adopta, como criterio rector de todo el Sistema, los del Público, lamentablemente el que tiene mayores problemas de administración y gestión, generalizándose por lo tanto, en el Proyecto del Ejecutivo, este déficit a todo el Sistema de Salud. Se deja de lado la experiencia y logros de las IAMC destruyendo sus características más valiosas derivando por consecuencia en su inevitable desaparición. El concepto, eje del debate, que sostiene el Proyecto y que defiende históricamente el Frente Amplio, es que la administración estatal es mejor y más justa que la privada. ¿Es cierto esto en cuanto la salud en Uruguay? ¿Los índices de salud de los hospitales administrados por el Estado son mejores que los que han obtenido las mutualistas de Montevideo y el Interior? Rotundamente no. ¿Por qué entonces extender a todo el sistema una forma de administración que sabemos tiene carencias? Sólo por empecinamiento ideológico, y concepciones notoriamente superadas, puede hoy en Uruguay tomarse al Estado como cimiento de un Sistema Único de salud. Quinto- Es necesaria la sustancial y prioritaria mejora en la atención de la salud dispensada a la mitad de la población por organismos estatales. En particular lo exige la brindada por el Ministerio de Salud Pública / ASSE. Sus dificultades y carencias son además de financieras, de dirección, de gerenciamiento y de gestión. No se arreglan sus problemas por la vía de hacer ilimitadas las competencias del Estado. Sexto- El logro de objetivos básicos, algunos compartibles, no debe implicar, como propugna el Gobierno, sacrificar sin sentido el esfuerzo valiosísimo, - así reconocido por toda la población-, del Mutualismo uruguayo en 150 años de realizaciones que hoy llegan a casi un millón y medio de habitantes. Todo ello logrado, fuerza es admitirlo, con el esfuerzo de socios, directivos, médicos y funcionarios, quienes en libertad lo construyeron. Sus problemas no deben hacer olvidar sus extraordinarios logros. Particularmente por cuanto su esencia solidaria ajena a todo afán de lucro o comercial, le hace merecedor del reconocimiento de la población. El Poder Político centralizará todas las decisiones Séptimo- El Proyecto otorga autoridades totales a tres centros políticos, mediante los cuales construye una centralización estatista, unificadora y burocrática. Los poderes adjudicados a los mismos son potestades absolutas, en objetivos, sino fundamentalmente de organización, método y prestaciones, a aplicarse en todo el Sistema, ya sea Público o en las IAMC. El Proyecto del Gobierno en un articulado de 63 artículos establece concretamente más de 45 potestades estatales explícitas, en temas de enorme relevancia que afectan en forma terminante la cobertura y atención de la salud. Al Poder Ejecutivo corresponderá, entre otras facultades, desde establecer precios de referencia en los contratos de la Salud; determinar la cuota – salud, eje del Sistema ; y aún definir las fechas de vigencia de las inciertas incorporaciones al Sistema de cónyuges e hijos menores de los usuarios. Al Ministerio de Salud Pública le competen múltiples otras potestades. El Ministerio no quedará, como reiteradamente proclaman los defensores de la ley, como Órgano Rector, encauzador de criterios superiores de Salud. Ejercerá competencias precisas, directas y definidas. El artículo 5 las resume al encomendarle elaborar las políticas, y las normas de organización y funcionamiento del Sistema, así como también el contralor general de su observancia. Aparte del citado y amplísimo principio general se añaden otras potestades concretas: registrar y habilitar prestadores de salud, controlar la gestión sanitaria, contable y económico financiera de las entidades; aprobar los programas de prestaciones de salud; todas las demás atribuciones legales actuales del MSP; aprobar tecnologías de Diagnósticos y Terapéutica ; determinar el formulario terapéutico único de medicamentos; dictar y controlar las normas técnicas; autorizar los servicios médicos, plantas físicas y los derechos reales sobre bienes inmuebles y equipos sanitarios; controlar publicidad; autorizar entidades no incorporadas al Sistema; aprobar contratos sobre prestaciones; habilitar farmacias; aprobar programas integrales de prestaciones y controlar técnicamente las no incluidas como obligatorias. En resumen: aproximadamente son 20 potestades concretas del MSP, las reseñadas o similares, de gran relevancia en el Sistema. Se le acuerda además potestades fuertemente sancionatorias. Al nobel Servicio Descentralizado, Junta Nacional de Salud, se reservan otras tantas competencias, afianzadas también en drástica capacidad sancionatoria. Algunas de ellas: autorizar y evaluar las integraciones de entidades al Sistema (en texto detallista y exigente) ; suscribir contrato de gestión con cada prestador cuyo contenido determinará la reglamentación ; regular y fiscalizar los mecanismos de financiamiento (tributos) ; pagar cuota salud previo verificar cumplimientos ; regular las relaciones entre prestadores y con terceros ; suspender pago cuotas – salud por incumplimientos ; autorizar relación de jerarcas con aprovisionadores ; auditar los usuarios del Sistema ; informarse sobre proceso y estancia en instituciones de salud ; ordenar al BPS el pagos de cuotas – salud. Octavo- El Sistema proyectado implica un fuerte y total posicionamiento del Estado como único centro de decisiones. En lo que hace al Sistema Público no implica más que un cambio de actores al crear un nuevo Instituto Estatal, como Servicio Descentralizado. La resolución final corresponderá siempre al Ejecutivo que designa tanto al Ministro de Salud Pública como a la mayoría política de la Junta Nacional de Salud. Con relación a ésta conserva como constitucionalmente corresponde, amplias potestades, de observación, suspensión o rectificación de sus actos, y de destitución de sus Directivos. Buena parte del Sistema Público queda fuera del nuevo Sistema, aunque no fuera de las potestades estatales, a la espera de imprecisas integraciones a resolver (Sanidad Militar, Sanidad Policial, Universidad de la República – Hospital de Clínicas, Servicios de BPS, Banco Hipotecario, Ancap, etc.). Destrucción del Mutualismo Noveno- Es con relación al Sistema privado Mutual que se anotan esenciales diferencias mediante el traslado de sus potestades al Estado, manifiesto y negativo desacierto. Siempre se preservó, tanto por la ley como por los órganos políticos que ejercieron el contralor del Mutualismo dos características que permitieron su desarrollo y que ahora perderán totalmente: Capacidad de Gestión e Independencia Técnica. Las normas proyectadas hacen desaparecer esos rasgos vitales de un Mutualismo autónomo. En definitiva sólo dejan reservada a sus entidades la mera tarea de ejecutor de instrucciones, - siempre controladas, custodiadas, vigiladas y en su caso sancionadas -, por estos centros burocráticos de poder público de Integración Política. Décimo- Ese exabrupto organizativo magnifica el error de concepción que rechazamos. Se aplica una legislación estatista y centralizadora, precisamente en materia en que se debe respetar y preservar el Sistema de las IANC que ha demostrado su eficacia. Se debe innovar, mejorar, pero es inadmisible se unifique en criterios negativos que arrasan con logros existentes. Aumento del Impuesto a la Renta Undécimo- El Proyecto adolece también en su financiamiento. Tal como la propia Exposición de Motivos del Ejecutivo reiteradamente establece, y se ha publicitado, se anticipa un inaceptable aumento del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas (IRPF) (un 6% para ingresos hasta $40.000 y un 8% para los mayores de $ 40.000. El texto del mensaje del Gobierno fijaba incluso plazos al Ejecutivo para las propuestas impositivas en cuestión. El sustitutivo al artículo que implicaba el tributo, acordado en la Comisión del Senado por la mayoría gobernante, no contiene propuesta alguna completando, como lo requiere, el financiamiento integral del Sistema. Más allá de los complejos problemas de la fuerza política del Gobierno que denotan estos equívocos, el resultado claro es que resulta imposible valorar y considerar un Proyecto de financiación solo parcial, cuando es obvio que el alcance del mismo debe ser total. El Gobierno o en su caso sus representantes legislativos deben dar una respuesta definiendo si es intención aumentar o no el IRPF con este destino. Duodécimo- Sin perjuicio de lo anterior el financiamiento parcial propuesto es inaceptable. Implica un peso impositivo agregado al actual y de consideración. Para los trabajadores públicos y privados que cobren poco más de $4.000, la rebaja, vía directa es de un 3% de su sueldo. Textualmente crea un tributo del 6% a todas las remuneraciones sujetas a montepío, públicas o privadas, mayores a $4.000, aunque en la práctica se reducirá al aludido 3%. Es un generalizado aditivo al Impuesto a los Ingresos (IRPF) de la muy reciente Reforma Tributaria. Expresado correctamente implica rebajar 3% de los sueldos de todos los asalariados del país que perciban más del mínimo. El Partido Nacional no está dispuesto a votar tributos para un futuro Sistema Integral de Salud, cuya estructura estatista no se compadece con el interés de la población y que rebajan directamente los salarios de todos los trabajadores del país. Protección a Menores y Cónyuges Decimotercero- El Partido Nacional considera positivo el propósito de incluir a los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores, o cónyuges, a cargo de los usuarios, entre quienes reciban atención integral en salud. Se anotan interrogantes ante esa inclusión, particularmente vista la reiterada y publicitada mención a cientos de miles de niños, según se ha dicho muchas veces, que hallándose ahora fuera del sistema recibirían cobertura. Ante todo es necesario se explique que es necesario se les incluya cuando el artículo 47 de la ley proyectada considera que “ son usuarios del Sistema Nacional integrado de Salud todas las personas que residan en el territorio nacional”. En segundo lugar, se proyecta legislar que “sólo” los hijos de los que pagan el 6% sobre sueldos (o ganan menos de $ 4.200) tiene derecho, lo que resulta totalmente inusitado. La pregunta a hacer ante ello es que sucede con los hijos de los desocupados, de aquellos que viven de jubilación, pensión o aún de rentas, de empresarios, comerciantes, profesionales, y artesanos, en definitiva de quienes no abonan el 6% por carecer de remuneración sujeta a montepío. Otra interpretación inaceptable es que éstos artículos del proyecto, en su particular interpretación defendida por la jerarquía del gobierno que las han comentado, implican que éstos “hijos y cónyuges” van a ser atendidos en el totalmente estatizado ex sistema de las INAC . Inaceptable porque provoca una diferencia en derechos y porque el sistema se proclama como igualitario. Fuerte cuestionamiento resulta de que el supuesto “beneficio” tan exhibido, e incluso fijado para fecha cierta: 1 de enero de 2008, queda librado al arbitrio del Poder Ejecutivo , no así el impuesto del 6% a las remuneraciones que se hará exigible en esa fecha. Hay otras contradicciones y oscuridades que deben ser develadas. El articulo 56 del proyecto determina: “ dicho aporte” (el 6%) “ y los derechos incluidos en el artículo 58” (los de menores y discapacitados hijos de aportantes del 6% ) “... regirán a partir del 1 de enero de 2008”. El artículo 59 referido a los derechos de los cónyuges, entrará en vigencia cuando el Ejecutivo lo defina. Parece pues que los derechos de menores y discapacitados son a partir de enero de 2008, y que los similares de cónyuges lo serán cuando disponga el Ejecutivo. Sorpresivamente la norma del artículo 60 proyectado altera el esquema. Textualmente al final del artículo, - que refiere a un caso no vinculado al tema - , se expresa : “Facúltese ( sic.) Poder Ejecutivo a definir la entrada en vigencia ... de los derechos incluidos en los artículos 58 y 59 de la presente ley”. La contradicción de textos es infranqueable: al tenor del artículo 56 la vigencia del publicitado derecho de los menores será enero de 2008, pero por el artículo 60 será la que defina el Ejecutivo. Quizás todo ello sea otro resultado de las contradicciones internas de los sectores que conforman la fuerza de gobierno. Mas allá de ello urge definiciones para que no se signa planteando perspectivas y fechas que son meramente posibilidades. Quedan pendientes algunos aspectos a señalar en el tema Primero- Vincular la creación de este beneficio al proyecto que estatiza la salud es una aberración de la lógica. No se requiere liquidar la autonomía y libertad del Mutualismo; sustituyéndole por Institutos estatales de integración política, para lograrlo. Pareciera que se plantea como parte integral el mejor destino en salud de muchos jóvenes, cuando es obvio en nada refiere la estatización a este aspecto. Segundo- Rechazamos de plano el impuesto del 3% a los sueldos que se propone. Ni más tributos, ni menos aún aumentar el impuesto a los ingresos de la Reforma Tributaria. Tercero- El impuesto a los sueldos adoptado presumiblemente para facilitar el pago de este beneficio sólo alcanza al 49% de los obligados al tributo del 6%. El 51% no tiene hijos de esa edad. La justificación del nuevo impuesto se está haciendo sobre la base de que beneficia directamente a los hijos de quienes lo pagan, pero es absurdo se grave a la mitad que no tiene hijos menores o discapacitados".
EL ESPECTADOR

(IN)SEGURIDAD CIUDADANA

Hay temas que, por reiterados, no deberían ser analizados. Si de algo se ha hablado en los últimos años en este país, y sobre todo en los dos últimos, es de seguridad. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, y nadie recorre el camino. Mejor dicho, nadie con el poder de resolver o, por lo menos, paliar la crisis de seguridad que el país vive.

No vamos a abundar en las críticas al gobierno nacional sobre este tema, porque ya todo el país tiene claro que de seguridad y de relaciones internacionales este gobierno no sabe, y, lo que es peor, no le interesa saber. Más allá del reciente cambio en la cartera de Interior, nadie pudo comprender por qué este gobierno puso a los ministros menos adecuados al frente de estos dos temas, que han llevado a que la población se sienta desamparada y los delincuentes fortalecidos, y que al país se lo respete cada vez menos en el plano internacional.

Los problemas de seguridad son problemas de todos. Y en la medida que afecta a los vecinos de cada localidad de Canelones y -notoriamente- a su zona rural, son problemas municipales, porque a un buen intendente no hay temas ajenos si afectan a sus vecinos.

Algún defensor de estos gobiernos seudoprogresistas (sí, aunque parezca mentira, alguno todavía queda), puede argumentar que los municipios no tienen potestades para hacerse cargo de la seguridad, ya que no pueden armar una policía departamental, y tienen razón. Pero siempre hay otros caminos, cuando hay voluntad e imaginación, y hay otras obligaciones, estas sí municipales, que se deben atender.

En primer lugar, es obligación municipal el alumbrado público. La oscuridad favorece al delincuente e intimida al ciudadano. Es cierto que este municipio puso alguna lamparita que faltaba, pero dista mucho de haber cumplido. Por lo tanto, corresponde menos ruido mediático cada vez que prenden una luz, e invertir esos esfuerzos -y dineros- en mejorar la red lumínica.

En segundo lugar, los espacios públicos son tierra de nadie, sobre todo durante las noches. Y la figura del guardia municipal, cada vez más necesaria y recordada, no aparece en los presupuestos municipales. ¿Cuánto hace que no se puede disfrutar de una noche agradable en la plaza local?

En tercer lugar, se deben mejorar los controles sobre los espectáculos públicos, y coordinar la seguridad en su entorno. Son reiteradas las denuncias sobre vandalismo y desmanes en torno a los mismos, y es deber de la Intendencia cuando da la autorización velar por la seguridad de los vecinos.

En cuarto lugar, se deben hacer controles de tránsito los viernes y los sábados de noche, para evitar que las calles se conviertan en autopistas selváticas pobladas de predadores en dos y en cuatro ruedas, arriesgando el físico de los peatones que poseen el mismo derecho de circular en esos momentos.

En quinto lugar, se debe aumentar la coordinación con la policía. Canelones cuenta con un excelente Jefe de Policía, el cual pelea con escarbadientes debido a la carencia de apoyo ministerial. Ya que contamos con este punto a favor, corresponde a aquellos que cuentan con medios e infraestructura apuntalar esta tarea.

Y por último, si se está al frente de la segunda Intendencia del país, se debe ser protagonista en la realización de los reclamos al gobierno nacional. Que el intendente sea del mismo grupo político que el presidente debe ser un elemento ventajoso, y no condicionar las tareas del primero a las decisiones del segundo. Canelones necesita más apoyo, por la importancia del departamento. No se defiende a Canelones como se debe, y como para muestra basta un botón, alcanza con ver que este gobierno municipal permitió que se convierta al departamento en el basural de Montevideo.

Reaccionemos. Todavía estamos a tiempo.

LA CORRUPCIÓN PROGRESISTA

Todo gobierno, democrático, autoritario o de facto, se ve envuelto en episodios de corrupción. Este flagelo es inversamente proporcional a las condiciones democráticas del mismo: en una democracia plena los controles funcionan y la corrupción se minimiza, en un gobierno autoritario la tentación a evitar los mecanismos de control se hace notoria, y en los gobiernos de facto los controles generalmente no existen.
El gobierno de nuestro país ha hecho escuela de gobierno en la Intendencia de Montevideo. Los gobiernos municipales cuentan con mayorías absolutas en la Junta Departamental. A esto debemos agregar que, por los apoyos obtenidos, los sucesivos gobiernos frenteamplistas han aumentado esas mayorías, y han crecido en una cultura de poder casi absoluto que hoy se refleja en la gestión del gobierno nacional. Sumémosle a todo esto que los gobiernos de izquierda entienden que el Estado está por encima del individuo, estando las libertades individuales por lo tanto supeditadas a la doctrina estatal. Y como ellos son el Estado, ellos son los que determinan cuales son los intereses válidos de los individuos. El gobierno frenteamplista es, por definición y por formación, un gobierno autoritario, poco afecto a ser controlado por la oposición.
Si no hay contralor, y bajo la lógica retorcida de que el Partido protege a sus integrantes, los gobernantes "progresistas" pueden verse tentados -y de hecho varios lo han hecho- a desviarse en su gestión y obtener un provecho personal, familiar o partidario.
Hay una vieja frase, que por su contenido puede haber surgido durante el Imperio Romano, que dice: "La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo". El concepto es claro: las personas vinculadas al poder deben estar libres de cualquier sospecha. En este sentido, el primer sospechoso es el propio Presidente, que al optar por seguir ejerciendo la medicina en una institución privada, pone bajo sospecha cualquier decisión vinculada a la salud, al entenderse que la misma podría favorecer a la institución de la cual el Presidente es empleado. Agreguemos a esto los cambios provocados en el Instituto de Oncología, que favorecieron a los jerarcas vinculados a su clínica -hoy en manos de uno de sus hijos-, desplazando a los integrantes de la clínica rival. Y ya que hablamos de hijos, recordemos que, en el marco de los acuerdos con Venezuela, el ya mencionado hijo fue acusado de beneficiarse directamente de estos acuerdos. Pero debemos entenderlo, ¿qué no haría uno por un hijo?
Para encontrar otro sospechoso de corrupción, no debemos alejarnos demasiado del entorno presidencial. El Secretario de la Presidencia actúa como abogado en los juicios del Estado contra particulares... defendiendo a los particulares. Siendo la justicia humana y no divina, ¿soportarán todos los jueces la presión de fallar contra los defendidos por la mano derecha del Presidente, o alguno se verá afectado por la presión?
Sigamos recorriendo, pero no vayamos muy lejos. Es pública y notoria la decisión de ANCAP de comprar las estaciones de servicio de Texaco, al abandonar esta empresa nuestro país. ¿Ud. cuándo compraría? ¿Arreglaría con la empresa que de todos modos se iba, dándole unos cuantos millones de dólares de regalo por la compra de estaciones de servicio que son de los concesionarios y no de la empresa, o espera que se retire y auxilia a los concesionarios poniéndolos bajo la órbita de ANCAP, sin que le salga un solo peso? Si recordamos que el actual ministro de Industria fue Gerente General de Texaco para América Latina, parafraseando a Eduardo D'Angelo uno se ve tentado a decir: ¿Ud. no desconfiaría, señora?
Ya que estamos con los ministros, en la última rendición de cuentas el gobierno se votó más de dos millones de dólares para contratar cargos de confianza para los Ministros de Economía y de Ganadería. Habrá o no habrá asado del Pepe, pero su entorno, con esos ingresos, sólo come carne tierna.¿Economía dije? El Sr. Bengoa, actual Director Nacional de Casinos, y protegido del ministro candidato, está siendo acusado de favorecer a su familia en una licitación desde su anterior cargo de Director de Casinos Municipales, situación que salpica a los Ministros de Vivienda, el ex Intendente Mariano Arana, y de Salud, la ex Secretaria General María Julia Muñoz. Pero le debe haber salido bien, ya que lo premiaron con un cargo más importante en el gobierno nacional. La familia, agradecida.
Nos alejamos un poco del ámbito ministerial, no porque no haya más tela para cortar, sino porque la ola progresista es más bien un tsunami con varios frentes. Todos hemos leído, escuchado o visto las críticas al Intendente más cuestionado del país (sí, claro, el de Maldonado). Hombre de coraje, si los hay, enfrentó estoicamente los cuestionamientos de dos organismos al servicio del imperio y contrarios a los intereses populares: el Tribunal de Cuentas, que es de los pocos organismos de contralor que el Frente Amplio no pudo evitar, y la Junta Departamental, de mayoría frenteamplista. Ambos organismos, y la prensa, y la opinión pública, no pueden entender como un miembro selecto de la izquierda impoluta se salteó el correspondiente llamado a concurso y designó en forma directa a Satenyl para hacerse cargo de la publicidad en la vía pública. En un gobierno no frenteamplista, todos hablarían de oscuros intereses y posibles comisiones. Siendo un gobierno frenteamplista, todos hablan de... lo mismo.
Crucemos el Arroyo Solís e ingresemos en Canelones, mi casa. Mi casa la gobierna el Dr. Carámbula, quíen en su gestión como Presidente del club Juventud de Las Piedras casi lo hace desaparecer. Si no fuera por el amigo Paco, Las Piedras recordaría la memoria de Julio Sosa y Juventud. El Intendente que durante la campaña electoral juró no hacer ingresar a ningún familiar al municipio canario, sólo dejó afuera a Berugo Carámbula, al menos por ahora. Pero Berugo no pierde las esperanzas... Mientras tanto, por estos días se le acusa al Intendente de favorecer a un hijo al permitir a unos inversores italianos la instalación de una bodega en Canelones, mediante acuerdos con la Intendencia. ¿Y el hijo? Bien, aparentemente contratado por la mencionada bodega.
A cuadra y media de mi casa, está la Junta de Pando. La Secretaria de la Junta, la más cuestionada de Canelones, encontró unos huesos en el osario municipal. Todo Pando conocía su existencia, menos la funcionaria de marras, quién denuncia el hecho a la justicia, la que le encomienda el cuidado de los mismos hasta que falle (la Justicia, no la Secretaria). Resolvió alquilar un local en la avenida principal, con un costo, según la información que trascendió, de quinientos dólares por mes. Quisimos confirmar esta cifra, pero la Secretaria no contestó este pedido de informes planteado por el Edil Federico García, a casi un año de haberlo elevado. Tampoco contestó si el local le pertenece a ella o a un ciudadano de su entorno personal, ni por qué el local alquilado fue antes su estudio privado y luego comité de base, ni nos dió el nombre, aunque lo sabemos, del beneficiario de este contrato absurdo, que le permite recaudar seis mil dólares por año, o treinta mil por todo el período (el precio de la compra de una casa).
Como la lista sigue, vamos a tomarnos una pausa. Agradecemos desde aquí a los miembros del partido de gobierno, que se han esforzado tanto en sus gestiones que nos han permitido tener todo este material para escribir.
Esperaron treinta años para llegar al Gobierno. Alcanzaron treinta meses para destrozar las ilusiones de los que se pasaron una vida esperando por ello. Quedan treinta meses para que se vayan.
Esperemos que no sea demasiado.

¿QUIÉN GOBIERNA EN EL GOBIERNO?

Cuando uno realiza un seguimiento al accionar del gobierno, e intenta encontrar una línea conductora en el mismo que permita tener las garantías de percibir que el Presidente es el que lleva el timón, se llega a la conclusión que, entre su trabajo en una mutualista privada y sus escapadas para pescar con sus amigos en el este, el capitán del barco ha delegado la conducción del buque casi sin proponérselo a sus segundos de a bordo, y todos pugnan por una porción del timón.
El problema no radica en quien conduce, sino hacia donde lo hace. Así hemos visto en este tiempo duros enfrentamientos entre los ministros candidatos, amenazas de renuncias, desautorizaciones, y un sinnúmero de desencuentros que serían propios de una comedia venezolana (de las de antes, no de la escuela chavista), lo que preocupa y mucho, tratándose de algo tan serio como la acción de gobierno de nuestro país.

El ministro de Economía, tan parecido al personaje de Los Increíbles que ilustra este texto hasta en el gesto enojado, pareció en principio ser quien tomaba el mando, adelantándose así cinco años a sus aspiraciones. Pero la dinámica frentista, tan afecta a destruir y poco proclive a construir, fue desgastando sus posturas, su imagen y su precandidatura. Hasta desde la bancada parlamentaria, tan eficiente a respaldar las ideas ahora neoliberales del gobierno, se permitió su momento de desobediencia, votando la expresión de deseo de otorgar 30 millones de dólares a la enseñanza. El deseo estaba, la plata, de acuerdo a lo que se votó, no se sabe.

Incluso desde la Presidencia se le pasó factura al ministro, nombrando un peso pesado al frente de la OPP, recortando de este modo el peso relativo del Ministerio de Economía.

El delfín del presidente resultó ser mojarrita, y hoy la puja por posiciones entre el nombrado, la novel Ministra del Interior, el hábil declarante y poco ejecutante Ministro de Ganadería y algún otro autoproclamado vocero de turno se ha convertido en Bailando Por Un Sueño (de ser Presidente, claro).
Eso sí, al igual que ocurre con el programa de Tinelli, algunos no se han dado cuenta que no saben bailar.
Y, siguiendo con el paralelismo, esperemos que la gente, que en definitiva es la que decide, los sentencie...